LA INDEPENDENCIA, HISTORIA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN MÉXICO (S XIX): La Reforma avances y contradicciones.

 

Adaptado para apoyo materia HISTORIA DE MÉXICO I

Profesora Susana Huerta González

 

Ezcurra analiza esta etapa histórica, de manera muy general, que si no se interpreta con cuidado puede generar falsas interpretaciones.  Señala que la guerra de independencia no generó cambios en la ciudad y por supuesto que no podía motivar cambios, pues la situación económica y política tenía como propósitos fundamentales lograr la emancipación de España.

Señala Ezcurra que los cambios más importantes en esta etapa histórica, se darán hasta con las leyes de Reforma, y como efecto de la ley de desamortización (1856), ya que esta ley sienta las bases para modificar las formas de propiedad coloniales. 

Veamos porqué Ezcurra plantea eso: desde la colonia la iglesia había acumulado la propiedad de la tierra y las empleaba para realizar actividades no económicas (templos, conventos, etc.). Desde el prehispánico, otro sector que poseía tierra eran los indígenas y campesinos y tampoco la empleaban para producir para el mercado, pues sólo eran para el autoconsumo, debido al nivel de pobreza en que estaban sumidos.

O sea que ninguna de esas dos formas de propiedad de la tierra producían para el mercado y para el desarrollo capitalista era fundamental que la producción agrícola sirviera para desarrollar el intercambio, incentivar el consumo y ampliar la distribución tanto de dentro como de fuera del país.

EXPLICACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LA DESAMORTIZACIÓN:

La guerra de independencia lleva en su interior una demanda importante sobre la propiedad y el uso de la tierra, pero, al consumarse la separación de España, va a pasar todavía medio siglo sin producirse cambios significativos y ellos se darán a través de las Leyes de  Reforma que van a modificar una parte de la tenencia en el campo, pero sin tocar las condiciones de vida de campesinos e indígenas, pues ellos mantendrán sus condiciones de pobreza, porqué, veamos:

Uno de los efectos de la desamortización, será reforzar la monopolización de mayores extensiones de tierras en manos de nuevos propietarios, esto es, las haciendas continúan creciendo, así como los latifundios; el gobierno de Porfirio Díaz al final del siglo XIX fortalece la anterior política, con diversas leyes, además busca incentivar la exportación, por ello    favorece el crecimiento de las haciendas y promueve que sus productos sean para enviarlos al extranjero, lo cual puede hacerse a través de tecnificar a haciendas y ranchos, principalmente en el norte del país.

Lo anterior se promueve a través de despojos a los campesinos y de someterlos a formas de explotación inhumana: en el sur del país las haciendas azucareras invaden pueblos enteros y en el norte, el valle del Yaqui es agredido con brutalidad a través de las armas y desarraigando a sus pobladores.

En otro momento se analizará lo relativo a la propiedad de la iglesia, pues en este ensayo nos concretaremos a estudiar lo que compete a la propiedad de campesinos e indígenas.

HISTORIA DEL PROBLEMA DE LA CLASE CAMPESINA:

 
Los campesinos vivían condi­cionados por dos factores principales: el de la distribución de la tierra y el del régimen de trabajo. Respecto al primero dire­mos que la propiedad territorial en México se configuró desde la época colonial al quedar concentrada en manos de la Co­rona. Así quedó la realenga integrada por más de un 25% del territorio; la eclesiástica, que beneficiaba a un corto número y que comprendía algo más de 30%; la privada en manos de contadas familias con un 25% y la comunal y pequeña propie­dad que comprendía menos del 20%.

La estructura social de México mantuvo una oligarquía desde el siglo XVI,  a la cual se unían nuevos ingresados penin­sulares, quienes a través del mayorazgo monopolizaron gran­des extensiones de tierra. La clase de los terratenientes rura­les, hacendados herederos de los estratos superiores de la no­bleza virreinal, era la más respetada. Podían invertir en otros bienes, pero la hacienda les daba prestigio económico, social y político. Este grupo se mantendrá incólume, más aún, se incrementará con el tiempo. A los latifundistas criollos se unirán los extranjeros.

La propiedad realenga o  nacional a partir de 1821 se co­menzó a fraccionar por dos razones: l) por un aumento de­mográfico y 2) por la idea que se tuvo de movilizar ese fuerte resorte de la economía que es la tierra, incorporándola al desarrollo económico general del país.

En 1824 se procedió a la venta y colonización de los terre­nos baldíos, dividiendo el producto entre Estados y Federa­ción; se enajenaron grandes extensiones nacionales y eclesiásti­cas a políticos y exfuncionarios, hasta que intervino la federación y quitó el control a los Estados.

La propiedad comunal, civil y eclesiástica se mantuvo hasta 1856 en que se expidió la Ley de desamortización, la cual afectó a la propiedad eclesiástica, pero también a las comuni­dades indígenas que empezaron a perder sus propiedades ante la expansión de rancheros criollos y mestizos y de hacendados. En 1863 Juárez dictó en San Luis Potosí la Ley de 20 de julio sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos. Por ella se concedía derecho a ocupar hasta 2 500 hectáreas de tierras que se comprarían a bajo precio con la obligación de poblarlas con un mínimo de una persona por cada 200 hectáreas. Dada la situación reinante, esta ley no tuvo efecto alguno.

Con el fraccionamiento de la propiedad eclesiástica y de co­munidades de indios, los hacendados se fortalecieron. La im­posición de capitales formados en el comercio y en la propie­dad territorial, abrió a ésta nuevas posibilidades. Los extranje­ros se sumaron a los latifundistas existentes y así surgió la oligarquía hacendista del régimen de Díaz.

Como la población creció y el número de campesinos pre­sionó a las autoridades a buscar tierras disponibles, el 15 de diciembre de 1883 se promulgó la Ley de colonización y des­linde de terrenos baldíos, por la cual se crearon compañías deslindadoras. Éstas se integraron con comerciantes, terrate­nientes, extranjeros, políticos y su finalidad era la de señalar y deslindar los terrenos baldíos para ponerlos a disposición de los campesinos mediante su venta. La Ley otorgó a las compa­ñías, por compensación de sus servicios, una tercera parte de las tierras deslindadas y el resto lo puso en venta.

Dada la mala fe, la ambición de los deslindadores y el poco cuidado que se tuvo con esa labor, las Compañías señalaron como baldíos tie­rras propiedad de pueblos, iniciando su despojo. El Estado re­cibió muy cortas ventajas y las tierras vendidas quedaron en manos de unas cuantas personas que las adquirieron en condi­ciones favorables. En 9 años se deslindaron 38 249 373 hectá­reas. Poco más de 12 millones pasaron al Estado y el resto quedó en manos de particulares.

Algunos datos muestran ese enorme despojo. California tiene poco más de 15 millones de hectáreas; de ellas Luis Huller obtuvo 5 387 157; Flores y Hale 1 946 455; Adolfo Bulle y socios 1 053 402 y Pablo Ma­cedo 3 620 532. Así ellos obtuvieron más de 12 millones; el resto pertenecía a los pueblos, caminos y zona federal y peque­ñísimas propiedades de los habitantes. En Chihuahua Valen­zuela obtuvo 6 954 426 y Del Campo Hermanos 6 000 000; en Sonora Bulle 655 522 y Peniche 2 188 074; en Durango Asúnsolo 1 043 099; en Tabasco Valenzuela 743 331 y así en otros lugares.

La oposición a ese enorme despojo, que fue el trabajo de las deslindadoras, desencadenó la violencia. En Pihuamo en 1889 se rebelaron numerosos campesinos. Los yaquis y los mayos de Sonora se disgustaron e iniciaron sus revueltas que serían dominadas a sangre y fuego.

La ambición sin límites de los latifundistas los cegó al grado que en 1894, el eminente porfirista Pablo Macedo desechó la obligación de colonizar y trató de consolidar en forma efec­tiva, absoluta y eterna la propiedad.

Ante esos excesos, en 1896 se comenzó a estudiar una ley que garantizara fundamentalmente la propiedad indígena. Esta ley paternal autorizaba a dar a los labradores pobres la propiedad de las tierras que estuviesen en su poder, a los pue­blos los sitios en donde se asentaban y a defender las tierras de servicios públicos. Como esta ley fue de muy corto conte­nido, no prosperó. Los deslindes se terminaron de 1900 a 1904. De las tierras nacionales se otorgaron 43 309 títulos de los cuales 30 767 fraccionaban ejidos; en 18% fue a adjudicatarios de baldíos, el 4% a compradores de terrenos nacionales; el 2% a colonos y sólo un 1.67% a labradores pobres. A partir de esos años las comunidades indígenas y los pueblos de mesti­zos litigan por defender sus tierras. A los que se defendían se les llegó a calificar de comunistas y de constituir un peligro para la nación.

Ante esa situación que venía agravándose desde años atrás, en 1879 se celebró el Congreso de los Pueblos Indígenas de la República para defender sus tierras. Una serie de movimien­tos de cierta intensidad revela el descontento de la masa cam­pesina. Las rebeliones de campesinos por esa situación son nu­merosas en el siglo XIX y muchas de ellas tienen un entronque causal con la de la época colonial.

 

Algunas de ellas son: la de Teconapa, Guerrero, que se di­fundió en Guerrero y Puebla; en 1847 el levantamiento de la Sierra Gorda con un plan agrario dado en Río Verde el 14 de mayo de 1848, y el cual tiene un gran contenido social. Entre sus puntos principales destacan los siguientes:

 

l) El Congreso dictará leyes sabias y justas que arreglen la propiedad territo­rial bien distribuida, a fin de que la clase menesterosa del campo mejore de situación;

2) Se erigirán en pueblos las haciendas o ranchos que tengan de 1 500 habitantes arriba y los elementos de prosperidad necesarios;

3) Los arrendata­rios sembrarán la tierra a una renta moderada y no a partido y los propietarios repartirán los terrenos que no sembraren por su cuenta;

4). Los arrendatarios no pagarán ninguna renta por paisaje de casa, pastura de animales de servicio, leña, maguey, tuna, lechuguilla  y demás  frutos naturales del campo que consumen en  su   familia;

5) Los peones o alquilados que ocuparen los propietarios serán satisfechos de su trabajo en dinero o en efectos de buena calidad y a los precios corrientes de plaza.

Ante las rebeliones, el Gobierno de aquellos años solicitó a la Dirección de Colonización un estudio, del cual se despren­día que ellas eran provocadas por el despojo de que se hacía víctimas a los pueblos y que no podían evitarse por la repre­sión violenta, sino poniendo remedio a las causas. Terminaba el dictamen: "Las revoluciones sociales están ya reemplazando a las políticas y la sabiduría de los gobiernos debe mostrarse en prevenirlas, en remover sus causas más o menos próximas... El hambre y la desesperación tienen un poder que excede al de todos los gobiernos de la tierra."

Los constituyentes de 1857 desatendieron el problema de la tierra por su exagerado criterio liberal. Salvo los votos de Pon­ciano Arriaga, de Isidoro Olvera y de José María del Castillo Velasco en los que se proponían medidas prudentes para resol­verlo, no se escuchó voz ninguna en defensa de los campesi­nos. Por ello a partir de esos años y una vez que la República se restaura, las rebeliones campesinas aumentan. En 1869 apa­rece el Plan Agrarista de Tezontepec y se escuchan las voces de los indígenas de Nayarit que encabeza Manuel Lazada. En 1870 hay rebeliones en Chiapas, Puebla, Michoacán.

El año anterior había ocurrido la revuelta de Chávez López, quien aprehendido fue fusilado en la "Escuela del Rayo, y del Socia­lismo", que su grupo había creado en Chalco. Los continuos alzamientos de Miguel Negrete y de Tiburcio Montiel, que lo­graban adherir a sus huestes a numerosos campesinos, mues­tran cómo algunos dirigentes político-militares eran conscien­tes del problema que se agudizó día tras día. Las siguientes décadas a partir de 1870 están llenas de rebeliones surgidas en continuos lugares y por comunes causas.

 

En los sitios en que la población aumentaba, pero en donde también la tierra estaba más acaparada por unos cuantos hacendados, Morelos y Pue­bla, la tirantez fue mayor. Jovito Serrano, campesino delegado de los morelenses, pagó con el destierro en Quintana Roa su osadía de representar a miles de hombres y mujeres despoja­dos de sus tierras. Unido a él estuvo Emiliano Zapata quien, defensor de las tierras de Anenecuilco, se dará cuenta de que el problema fundamental de la mayor parte de la población mexicana lo constituía la propiedad de la tierra; con el lema que el partido liberal enarboló, "Tierra y Libertad", se lanza Zapata a la rebelión, portador de un deseo viril de reivindica­ción de sus propiedades.

En algunas regiones del país las rebeliones campesinas fue­ron muy graves como en Sonora y Quintana Roo, en los años de 1885-87 y en 1891-1892. La rebelión de Tomochic, na­rrada tan dramáticamente por Heriberto Frías, revela la an­gustia de un pueblo que se siente cercado y en trance de per­derlo todo. Ante ello, el sacrificio de la vida es la única salida.

Respecto a las condiciones de trabajo, a más de mencionar las largas jornadas de sol a sol, los bajos salarios, el endeuda­miento continuo, maltrato de capataces y mayordomos, el arraigo forzoso a la hacienda y la imposibilidad de movi­miento, el castigo impuesto a los que intentaban fugarse, la existencia de cárceles "tlapixqueras" en donde se encerraba a los remisos y rebeldes, la confabulación entre hacendados para que no huyeran los peones encasillados hacia otros lugares, las vejaciones continuas, la fragmentación de la familia por el en­ganche forzoso, "la leva" que se practicaba para integrar el ejército, males que algunas mentes conscientes señalaron como lacras del régimen, hay que señalar también el que se dio en algunos lugares, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, la existencia de una condición servil, esclavista. Indios traslada­dos en masa desde el yaqui hasta el Valle Nacional, a los cam­pos henequeneros de la península yucateca, y con los cuales comerciaban políticos, hacendados en contubernio con nume­rosas autoridades.

Esa situación de gravedad extrema alar­mará las dormidas conciencias de los mexicanos, cuando va­rios extranjeros, entre otros John K. Turner reportero de The American Magazine, de Mexican Herald y colaborador de Rege­neración, el diario de los Flores Magón, denunció en un tono violento el restablecimiento de la esclavitud en México, la cual consideró más terrible y cruel que la existente en Siberia o en las colonias africanas. Su obra México bárbaro fue un "Yo acuso" sensacional. Su circulación en los Estados Unidos y en México mostraría una de las lacras sociales más graves del ré­gimen de Díaz.

La ceguedad de las autoridades, el círculo cerrado de adula­dores en torno del viejo dictador que no percibía ya los males del pueblo, de ese pueblo al cual había prometido tantas mejo­ras y tanto bienestar en su Plan de Tuxtepec, de ese pueblo que si lo admiró y apoyó, ahora le despreciaba, más aun le odiaba, pues pensaba que todo el mal venía de arriba, esa re­sistencia o imposibilidad de escuchar el sordo clamor de una nación, va a ser una de las causas fundamentales de la revolu­ción de 1910. No fue un pretexto político el que la originó, sino males sociales ancestrales que se trataron de suprimir.

 

Eso fue lo que grandes capas del pueblo comprendieron ocurría durante la administración de Díaz, y lo que las llevó, arrastradas por la desesperación, a concluir con un régimen que no les había escuchado.

Tales son a grandes rasgos algunos de los aspectos funda­mentales que ofrece la sociedad en las últimas décadas del si­glo XIX y los primeros años de 1900.